El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en varias ocasiones al Estado español por no investigar de manera adecuada las denuncias de tortura. “En 2010 continuaron estas denuncias”, inciden. De hecho, en lo que va de 2011 una docena de personas han denunciado haber sufrido torturas durante el periodo de incomunicación; los últimos, los hermanos Aitor e Igor Esnaola, de Legorreta, y el vecino de Villabona Lander Etxeberria.
Amnistía Internacional recuerda que Naciones Unidas recomendó al Estado español “la abolición del régimen de incomunicación a personas sospechosas de actividades `terroristas'”, y que el Gobierno volvió a rechazar estas sugerencias. Es más, la organización matiza que “España es el único país de la Unión Europea que conserva un régimen de detención con restricciones tan severas de los derechos de las personas detenidas”. Éstas pueden verse privadas de acceso efectivo a un abogado o a un médico de su 
elección, y no tienen la posibilidad de informar de su arresto a su familia ni a sus amistades. Asimismo, destaca que el periodo de incomunicación puede imponerse antes o después de que la persona detenida comparezca ante una autoridad judicial y que puede alargarse, incluso, hasta trece días.
AI también considera necesario que se lleven a cabo “investigaciones independientes” sobre las denuncias y que se garantice una reparación plena a las personas que hayan resultado perjudicadas. “Las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto tienen derecho a conocer la verdad sobre, incluida la identidad de los autores”, enfatiza.
Informe íntegro
http://www.gara.net/agiriak/20110626_informe_ai.pdf
The Free 