9-N. Will Spanish forces attack Catalan ‘referendum’?

Con todo el dispositivo activado, cuarenta mil voluntarios que ya saben qué tienen que hacer, las urnas y las papeletas a punto y las y los votantes que ya saben a qué colegio tienen que ir, el TC tendrá mañana encima la mesa el recurso de impugnación del 9N que le ha hecho llegar el gobierno español. Si suspende la votación, con toda probabilidad se convocará el Pacto Nacional por el Derecho de Decidir. Y la Generalitat tendrá que determinar si se mantiene al frente del dispositivo a pesar de la prohibición.

“Ya es todo a punto. Los voluntarios lo tienen todo preparado, los puntos de votación están, la gente puede traer las papeletas de casa suya… Todo es en perfecta disposición”, decía ayer el coordinador general de CDC, Josep Rull. Y destacaba que “tendría que haber un impedimento material muy importante o grave para impedirnos de traer adelante con normalidad el 9N”.

Pero la vicepresidenta, Joana Ortega, responsable del dispositivo del 9N, no las tenía todas consigo en una entrevista que publicaba ayer El Punt Avui: “Trabajamos con la voluntad que haya colegios y urnas, pero no se puede asegurar al cien por cien”. Ortega insistía en decir que el govern no hacía nada ilegal organizando este proceso. Pero, pensando en el momento de la suspensión, dijo: “Si se tuviera que tomar una acción concreta se convocaría el Pacto Nacional por el Derecho de Decidir para asumirla conjuntamente”.

El presidente del Pacto Nacional por el Derecho de Decidir, Joan Rigol, se ofrecía este fin de semana a coger las riendas del 9N si la votación quedaba suspendida por el TC. “Estoy dispuesto a asumir lo que haga falta”, dijo. Y, por otro lado, Rull apuntaba: “Quién tiene las riendas del proceso son los ciudadanos a través de los voluntarios”.

En cambio, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, avisaba ayer en una entrevista a Catalunya Ràdio que la sociedad civil no tenía que asumir la organización de la votación en caso de que fuera prohibida, sino que lo tenía que hacer la Generalitat. “Esta consulta tiene que ser convocada por el govern. El Pacto Nacional por el Derecho de Decidir y todas las fuerzas sociales apoyaremos, daremos el paso juntos, pero también lo tiene que hacer el govern”.

Una de las incógnitas de esta semana intensa es que piensa hacer el gobierno español porque se cumpla la suspensión del 9N, más que probable. El viernes, durante el anuncio de la impugnación, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, no lo quiso precisar; no quiso decir si se enviaría policía —policía española, guardia civil o mossos— a cerrar colegios o a requisar urnas y papeletas.

Llegados a una situación como esta, decía Rull ayer, “si se atravesara la línea, la legitimidad que tenemos los catalanes saldría muy reforzada, como también el ridículo del gobierno español”.