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Debido a un escrito emitido oficialmente por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Guadalajara el pasado 29 de abril, los repobladores de Fraguas conocieron que provisionalmente se paraliza el derribo del pueblo.
Se trata de un cambio de criterio judicial que se ha conseguido por el esfuerzo humano y la batalla jurídica de la que llevan años defendiéndose sus pobladores y que paraliza con carácter provisional la ejecución de la sentencia de demolición del pueblo.
Un proyecto de ocho años de vida por la recuperación del espacio rural
Para quien no conozca la trayectoria de este proyecto comunitario de Fraguas, esta iniciativa de okupación rural echaba a andar en el año 2013 en una pequeña pedanía abandonada en la Sierra Norte de la provincia de Guadalajara. Este pueblo, que data del siglo XII, fue desalojado forzadamente durante la dictadura franquista en 1968 para el monocultivo de pino y su posterior venta a la industria maderera.
çUn grupo de jóvenes decidieron la pasada década reconstruir algunas viviendas que quedaron medio en pie, después de que militares españoles utilizaran la zona como campo de prácticas de tiro y explosivos en los años 90. Su proyecto es real y han conseguido sus objetivos iniciales, ya que consiguieron la reconstrucción de varias casas del pueblo, pero también han experimentando un gran nivel de autosuficiencia colectiva en la convivencia y la autogestión de recursos naturales.
Cuentan con una huerta y un invernadero construido con sus propias manos, un pequeño gallinero al aire libre, abejas en un par de decenas de colmenas, y como autoabastecimiento energético cuentan con una treintena de paneles solares fotovoltaicos.
Tras haber sido denunciados por la Fiscalía y la Junta de Castilla-La Mancha en 2015 por la vía penal, declararon en el juzgado sobre su proyecto comunitario de cuidado y repoblación natural del entorno. A lo largo del año 2018 fueron juzgados y condenados finalmente por los delitos de usurpación de monte público y contra la ordenación del territorio.
Un proceso judicial que, en los términos jurídicos impuestos, es un rechazo institucional absoluto a cualquier alternativa de recuperación de pueblos abandonados, y menos bajo un paradigma de autogestión económica y autonomía social.
Les solicitan la entrada en prisión por un año y nueve meses, ascendiendo a dos años y tres meses para cada uno en caso de no pagar la responsabilidad civil impuesta, es decir, costear la demolición de lo reconstruido en el pueblo, valorado en la cifra total de 34 mil€.
Otra vuelta de tuerca a la represión y por la pervivencia de Fraguas
Desde el 2019 han estado en resistencia bajo el continuado riesgo de desalojo y demolición según lo indicado en la sentencia, sin embargo, la pandemia ha retrasado la ejecución de la misma. Durante este tiempo ganado ha intervenido el CSIC a raíz de los estudios que los propios repobladores han realizado del pueblo en torno a la recuperación de la memoria histórica y rural.
Se advierte que debe llevarse a cabo una investigación arqueológica independiente que determine el valor histórico del antiguo núcleo de población. Probablemente haya bienes susceptibles de ser considerados patrimonio cultural, lo cual podría cambiar el curso de los acontecimientos actuales, o al menos abrir una nueva vía para seguir luchando por la pervivencia de Fraguas.
Sin embargo, los pobladores actuales toman con mucha cautela esta comunicación judicial. Si bien por un lado es motivo de alegría entre tantas notificaciones anteriores que les han llevado a la situación penal actual, este informe no asegura que no se acabe ejecutando un desalojo preventivo para realizar dichas investigaciones arqueológicas.
También no debe olvidarse que las condenas de cárcel de los seis encausados siguen estando activadas. Además, durante este tiempo las identificaciones de algunos pobladores temporales o solidarios, han derivado en nuevos procesos sancionadores administrativos; e incluso el Juzgado de Guadalajara no descarta la imputación de nuevos delitos.
La institución cuenta con muchos recursos, herramientas y coacciones a su alcance, retorciendo sus propias legislaciones y aplicándolas siempre en favor de sus intereses y objetivos.
Una red de iniciativas rurales por la autonomía y la memoria social
Sus actuales pobladores animan a conocer el pueblo, acudir y participar de las actividades diarias, descubrir su entorno patrimonial y cultural; acercarse a la realidad de la ruralidad que resiste.
El modelo rural comunitario es un desafío a las dinámicas de la explotación capitalista, y actualmente el proyecto de Fraguas cumple ocho años de vida. Junto a la iniciativa de este pueblo, hay otros cuatro proyectos colectivos más en la zona norte de Guadalajara, que se reúnen en asamblea mensualmente para poner en común experiencias y acudir a uno de los pueblos implicados para realizar labores de trabajo juntas..
La defensa del territorio es también una defensa de la memoria de los pueblos, en unos tiempos en que todo queda diluido en la superficialidad de las necesidades que marca el mercado, es necesario apoyar de todo corazón esta clase de proyectos de sostenibilidad rural. Cuando se está en Fraguas el tiempo pasa, y no importa en absoluto, se trabaja en colectivo, la productividad no es una dictadura que marca sus ritmos.
La autonomía personal y colectiva toma otro sentido, se resignifica el trabajo directamente relacionado con la propia supervivencia común, y no con echarle horas para conseguir euros que intercambiar por cosas mediante el consumo. Fuera de todo idealismo, la realidad es que la vida se reposa y toma otro nivel necesario para escuchar a nuestras compañeras y al propio entorno natural.
Se vuelve más salvaje lo humano, se torna necesario lo natural.
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Etiquetas: Castilla-La Mancha, caso judicial, Fraguas, Fraguas Revive, okupación rural, Estado español
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